Llega el Dr. Baltazar Garzón

El lunes 10 de junio a las 19 hs tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad, la Mesa Redonda sobre derecho internacional de los derechos humanos y el terrorismo de Estado.

La sorprendente decisión del la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en el mes de febrero pasado, de trasladar a la jueza Mariana Mota del juzgado de lo penal a un juzgado de lo civil, conmovió a la opinión pública nacional e internacional. Esta jueza tenía varias causas abiertas contra responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado implantado durante la última dictadura.

Por Iara Bermúdez y Waldemar García

Algunos días después, ante la decisión de algunos fiscales de continuar con los casos abiertos, el presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, expresó que esa corte se convertiría en una “muralla” contra cualquier intento de continuar con los procesos en curso, alegando la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de Caducidad. Pero los delitos que se están juzgando son delitos de lesa humanidad y por lo tanto están sujetos al derecho internacional. Dice la Declaración Universal de los DDHH. en su artículo 5º que:” Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” Y en su artículo 9º: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

En noviembre de 1970 entró en vigor la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, aprobada por la Asamblea General de la O.N.U., que dice que los crímenes de lesa humanidad ya sean cometidos en tiempo de guerra o de paz son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.

Ante esta situación de desobediencia del Derecho Internacional, se vienen sucediendo las denuncias y los actos dentro y fuera del país, con el fin de informar sobre estos hechos, sobre las posibles consecuencias que puede ocasionar y sobre las posibilidades de seguir adelante con las causas abiertas o de abrir otras causas merced a las denuncias, que se están presentando, contra otros responsables de los crímenes de la dictadura. Se produce además dentro del sistema judicial uruguayo una confrontación entre dos posiciones, como expresó el Dr. Pablo Chargoñia en la Mesa Redonda “Por verdad y justicia, todos iguales ante la ley”.

Por un lado la posición, de cuatro de los cinco miembros de la SCJ, de frenar los procesos por entender que la ley que los amparaba es inconstitucional y por otro lado la posición de algunos fiscales y jueces que continúan con los casos abiertos, amparados en el Derecho Internacional y en la resolución de la Corte Interamericana de DD. HH. contra el Estado uruguayo en el caso Macarena Gelman y María Claudia García.

En el plano internacional se realizó, el pasado 22 de mayo, una conferencia en París con la presencia de destacados juristas, abogados, políticos, víctimas, bajo el título “Uruguay: el derecho a saber”.

Según informa la agencia AFP. – Al exponer las conclusiones del coloquio, el francés Philippe Texier, jurista experto en derechos humanos de larga trayectoria en la ONU, dijo que la decisión de la Suprema Corte “no tuvo en cuenta todos los tratados sobre derechos humanos internacionales y regionales firmados por Uruguay”.

Es necesario que “el Estado uruguayo desarrolle una política global de derechos humanos, que incluya una profunda reforma de la justicia”, concluyó Texier.

Hace unos días la jueza Mariana Mota recibió en la sede de la UNESCO, en París, el Pasaporte de Nacionalidad Universal, en reconocimiento a su labor como magistrada en defensa de los DD. HH.

A través de un comunicado de prensa emitido ayer por la Mesa Permanente contra la Impunidad, se informó que tendrá lugar el próximo lunes 10 de junio, en el Paraninfo de la Universidad, a la hora 19.00, la mesa redonda:

“EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DD.HH. Y EL TERRORISMO DE ESTADO”.

Dicho encuentro tendrá la participación de invitados extranjeros expertos en temas sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.

El primer ponente será el Rector de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, Dr. Rodrigo Arocena, ex preso político y exilado político durante la última dictadura, que disertará sobre el tema: “Uruguay: la problemática actual en derechos humanos, su contexto y evolución”.

El segundo ponente será el Dr. Roberto Garretón Merino, abogado chileno, destacado luchador en defensa de los DD. HH.; jefe del Área Jurídica de la Vicaría de Solidaridad durante la dictadura; ex representante de la ONU para América Latina y el Caribe; miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de DD. HH. de Chile, que hablará sobre “El enfrentamiento a la impunidad de los crímenes de nuestras dictaduras en Uruguay y Chile, y como lograron adaptar la legislación nacional chilena a los tratados internacionales en derechos humanos”.

Por último hablará el magistrado español, Dr. Baltazar Garzón, sobre el tema: “La importancia y evolución del Derecho Internacional de los DD.HH. así como su aplicación directa” y “Cómo iniciar, en Uruguay, una mega causa Plan Cóndor que integre todas las causas que están actualmente separadas y dispersas”.

Baltazar Garzón se ha destacado por su labor en defensa de los derechos humanos tanto en su país como internacionalmente. Hace 13 años el movimiento sindical de nuestro país solicitó su intervención, denunciando algunos de los responsables de la represión coordinada en el Plan Cóndor.

En 1998 emitió una orden de busca y captura contra el dictador Pinochet, que marcó un hito en la lucha por los DD. HH. Hoy tiene varias causas penales abiertas en su contra en España. Una de ella es por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. Es asesor de la Corte Penal Internacional (CPI) y del juicio contra el Plan Cóndor en Argentina.

El comunicado expresa que: “La Mesa Permanente Contra la Impunidad desea contribuir con este esfuerzo al análisis de la coyuntura actual en derechos humanos en Uruguay. Dicha coyuntura es particular, encontrándose las diferentes instituciones integrantes del Estado en graves contradicciones que enfrentan al conjunto del Estado a una situación de desacato de las sentencias firmes pronunciadas por los máximos organismos internacionales.”