Marcha del silencio
El próximo 20 de mayo se celebrará la 18ª Marcha del Silencio organizada por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
El 18 de mayo de 1976 fueron secuestrados en Buenos Aires, Argentina, los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Tres días más tarde aparecían sus cadáveres.
Por Iara Bemúdez y Waldemar García
Habían sido asesinados el día anterior, 20 de mayo de 1976 junto a los ex militantes tupamaros, Rosario Barredo y William Whitelaw.
En la segunda mitad de la década del 70, familiares de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar en nuestro país, comenzaron a organizarse denunciando la desaparición de sus seres queridos.
En 1983 se consolidó en una sola asociación, pasando a llamarse: Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Desde su comienzo, los familiares intentaron saber la verdad con respecto al destino y situación de sus padres, hijos/as, hermanos/as, esposos/as.
Realizaron denuncias a nivel nacional e internacional. Divulgaron la situación en que se encontraban en todos los ámbitos en que les fue posible.
Al volver uruguaya la democracia en 1985, las violaciones a los Derechos Humanos quedaron sin ser investigadas por los organismos competentes, impedidos por la aprobación de la Ley de Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado.
Dicha Ley fue plebiscitada en dos ocasiones no alcanzando los votos necesarios para su anulación.
Sin embargo, la búsqueda de la Verdad sobre lo sucedido a los detenidos desaparecidos, ha sido mantenida hasta hoy por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, apoyados por sectores de la sociedad preocupados en la búsqueda de la Verdad de los hechos, la Justicia y el juicio a los responsables por las violaciones de los Derechos Humanos.
En 1996, coincidiendo con los 20 años del asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, se organizó la 1ª Marcha del Silencio, con el lema: “Verdad, Memoria y Nunca Más” y a la que convocaban muy diversas entidades:
Centro de Investigaciones y Promoción Franciscano y Ecológico (CIPFE), Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Servicio por la Dignidad Humana (SEDH), Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), FEDEFAM (Regional Sur), PIT-CNT, Movimiento por la Vida y la Paz (MOVIPAZ), Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Pastoral Social de la Arquidiócesis de Montevideo, Iglesia Evangélica Metodista del Uruguay, Servicio de Rehabilitación Social (SERSOC), Unión de Mujeres del Uruguay (UMU), Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Universidad de la República, Asociación Cultural Israelita Dr. Jaime Zhitlovsky, Federación Nacional Independiente (lista 71 del Partido Nacional), Nuevo Espacio, Frente Amplio, Encuentro Progresista.
La Ley de Caducidad, en el artículo número 4, impone al Poder Ejecutivo la obligación de investigar las denuncias sobre desaparecidos. El presidente Julio M. Sanguinetti encomendó durante el ejercicio de su primer gobierno (1985 – 1990), la investigación a fiscales militares, pero estas investigaciones nunca se realizaron. Los familiares ni siquiera fueron recibidos por los presidentes, Dr. Julio María Sanguinetti y Dr. Luis Alberto Lacalle, durante las primeras legislaturas de los gobiernos constitucionales. Fueron años de silencio, negación y de ocultamiento oficial de la verdad.
El Presidente Dr. Jorge Batlle, en el año 2000,fue el primero que recibió a los representantes de la Asociación y resolvió conformar la “Comisión para la Paz”, con el objetivo de recabar información que permitiera aclarar la situación y destino de los detenidos desaparecidos. Por primera vez varios casos de uruguayos desaparecidos en Argentina fueron aclarados y se reconoció la existencia de personas secuestradas desaparecidas, incluyendo niños nacidos en cautiverio, gracias al apoyo y gestiones realizadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos Argentinas fue denunciada que se trataba de delitos de lesa humanidad.
El gobierno que asumió el 1º de marzo de 2005, presidido por el Dr. Tabaré Vázquez, reinició investigaciones que apuntaron a determinar el destino final de las víctimas. En el marco de esas investigaciones se logró ubicar, por primera vez en Uruguay, los restos de dos detenidos desaparecidos inhumados clandestinamente en predios militares. Por su parte el Poder Ejecutivo habilitó el inicio de procesos judiciales contra varios ex represores militares y policías.
A partir de ese 1996, cada 20 de mayo se viene celebrando la Marcha del Silencio hasta llegar a esta 18º edición con el lema: “En mi tierra no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?”.
A 28 años del fin de la dictadura aún queda mucho por esclarecer de lo sucedido durante esos años. A pesar de que se ha investigado, que se ha procesado a algunos de los responsables, de que se han encontrado algunos de los cadáveres de los desaparecidos, quedan muchos responsables sin juzgar, muchos casos sin esclarecer. La jueza Mariana Mota ha sido una de las magistradas que más ha investigado e intentado llevar a la justicia a los responsables de los crímenes cometidos por militares y civiles durante la época del terrorismo de Estado. Sorprendentemente la Suprema Corte de Justicia la trasladó del Juzgado de lo Penal a un Juzgado Civil, intentando que todas las causas que llevaba quedaran suspendidas.
Algunas causas se han declarado prescritas contradiciendo el Derecho Internacional que establece que los crímenes de Lesa Humanidad no prescriben.
Es imprescindible que se sepa la Verdad, es necesario que se haga Justicia, para así cerrar ese oscuro lapso de nuestra historia reciente. Las nuevas generaciones deben de saber lo que sucedió para que nunca más vuelva a suceder.
Informamos también de otro evento:
Hoy, viernes 17 de mayo, a las 19 hs, en el Paraninfo de la Universidad se realizará la mesa redonda: “Los nuevos desafíos en la lucha contra la impunidad”, organizada por la Mesa Permanente contra la Impunidad.
Participan:
Graciela Rosemblum, co-presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Dra. Olga Díaz , Asistente académica de la Facultad de Derecho del Uruguay.
Dr. Alejandro Artuccio, ex embajador uruguayo ante la O.N.U.
Dr. Gastón Chillier, Centro de Estudios Legales y Sociales de la República Argentina
Dr. Pablo Chargoñia, Abogado de Derechos Humanos.