Zancadilla a Córdoba
La reforma universitaria uruguaya que se aprobó luego de mil batallas en todos los órdenes en 1958, es un reflejo de la reforma universitaria de Córdoba de 1918, la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, entre otro montón de cosas, que hoy en día son todavía revolucionarias.
Cuando la caída del peronismo en 1956, la por los peronachos mal llamada “revolución libertadora” de la cual Uruguay no fue ajeno, tuvo sus comienzos en Córdoba y algunos generales y coroneles fueron fusilados en dicha provincia.
La bipolar Cristina Fernández se cobró mal el hecho de que Córdoba no esté a sus pies, no sea K, pero si competencia en la herencia peronista.
En la Argentina el federalismo está siempre flechado, las provincias y gobernaciones tributan para el gobierno nacional y este les tira unas migajas para que estas se vayan arreglando, claro está que la riqueza argentina, viene de las provincias.
Un conflicto gremial de la policía la cual se acuarteló para que no dijeran que hizo abandono de funciones, pero no salían a cumplir su función policial.
Los cabecitas negras tuvieron hicieron su setiembre en agosto con desmanes de todo tipo como se verá más abajo, sin control policial y la federal no intervino porque el gobierno no se lo ordenó estando a pocos minutos del lugar de los hechos.
Los daños y muertos y heridos todavía no está muy claro en los números pero me bastó ver en un video bajado de youtube por un civil que tomó con una cámara desde un primer piso los desmanes y vi como nunca había visto en mi vida a un señor caído en la calle, no sé si vivo o muerto, no se movía, y la turba enardecida lo seguía pateando a dónde cayera y cuando todo parecía que se había terminado aparecían cinco o seis más y lo volvía a patear, desde la cabeza hasta los genitales.
Fue horroroso.
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Fue un caos argentino y no fue porque Mujica por los líos con la materia de nuevos tributos a los eventuales turistas a nuestro país dijo “Yo argentino…”.
Dos personas murieron y otras 200 o más resultaron heridas en Córdoba, durante los disturbios provocados tras una huelga policial de este martes y miércoles, que retiró a los agentes de sus funciones, los cuales para evitar el desacato o abandono de funciones se acuartelaron en sus propias unidades. Un joven de 20 años falleció en el Hospital San Roque de la ciudad luego de que recibió un balazo en el tórax cuando circulaba en una motocicleta, mientras que un hombre de 85 años murió por una descompensación cuando asaltantes irrumpieron en su casa durante la madrugada de este miércoles.
De las personas heridas, al menos 11 pacientes continúan internados, en estado reservado, según Raúl Llaryora, jefe de Guardia del Hospital de Urgencias.
El gobernador de Córdoba, en Argentina, anunció este miércoles un acuerdo con los policías que realizaban un paro laboral para exigir un aumento a sus salarios.
José Manuel de la Sota anunció el acuerdo durante un discurso acompañado de sus ministros, luego de los saqueos y disturbios que iniciaron el martes por la tarde y continuaron hasta la madrugada de este miércoles tras el acuartelamiento de la Policía.
De la Sota pidió a los medios de comunicación aportar sus grabaciones de los saqueos del martes para sancionar a los responsables. “Que ninguno quede impone del daño que han hecho”, dijo.
El gobernador precisó que en Córdoba “no hubo un estallido social”, sino que “operaron bandas de delincuentes organizados”.
También indicó que visitará el próximo martes la Casa Rosada para reunirse con el recién designado jefe del gabinete de la presidenta Cristina Fernández, Jorge Capitanich.
Capitanich dijo que el conflicto es competencia “exclusiva” del gobierno provincial de la ciudad.
“La cuestión es estrictamente salarial y compete en forma exclusiva y excluyente al gobierno de la provincia de Córdoba”, indicó el jefe de ministros a reporteros este miércoles.
“Nosotros tampoco podemos subrogar las responsabilidades ajenas”.
Comerciantes locales cerraron las cortinas de sus establecimientos para evitar agresiones como las registradas en las últimas 24 horas.
La ciudad amaneció este miércoles pasado, sin actividad en las calles luego de que fue decretado un asueto para todos los trabajadores, además de que el servicio de transporte público de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) decidió no poner en marcha sus líneas.
“Están listos en las puntas de línea para salir, pero esperamos a ver qué pasa. Hasta que no haya policías en la calle, no salen”.
La Secretaría de Seguridad de la Nación envió unos 2,000 agentes a Córdoba para reemplazar a la policía local en huelga, detalló la agencia.
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, detalló que el “equipo antitumulto” enviado a la ciudad incluiría “no menos de 150 patrulleros con equipamiento”.
Dos personas murieron y al menos más de 2000 sufrieron heridas durante los saqueos y los disturbios que se producen desde la tarde del martes en la ciudad argentina de Córdoba, en medio de una huelga policial que dejó sin seguridad la región, informaron hoy fuentes médicas.
La policía de la localidad se autoacuarteló este martes en reclamo de mejoras salariales y dejó a la segunda ciudad más importante del país, con más de 1,3 millones de habitantes, en una situación de desprotección.
Bandas de personas aprovecharon el hecho para saquear primero algunos supermercados y ya entrada la noche todo tipo de comercios e incluso viviendas.
En muchos barrios cordobeses los vecinos se organizaron para repeler los robos, en medio de escenas de pánico.
El gobernador de Córdoba, el peronista disidente Juan Manuel de la Sota, regresó en las primeras horas del miércoles a la provincia de un viaje al exterior y solicitó ayuda “urgente” al gobierno nacional, que no envió hasta el momento fuerzas de seguridad para frenar los desmanes.
El jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, afirmó esta mañana que “la situación es netamente salarial y compete de forma exclusiva a la provincia de Córdoba”.
Aseguró además que no ha recibido “ningún llamado” del gobernador provincial.
Capitanich anticipó no obstante que se abrirá “un canal de comunicación” con la nueva ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, que asumirá formalmente esta tarde, para “monitorear la situación en Córdoba y establecer mecanismos de cooperación”.
La crisis de inseguridad llevó al gobierno provincial a suspender hoy las clases y declarar un asueto administrativo, al tiempo que no circula el transporte público y los comercios que no fueron saqueados aún, las estaciones de servicio (gasolineras) y los bancos decidieron no atender al público.
LA OTRA CAMPANA
Balance primario Córdoba, tras el caos: un muerto y 1000 comercios saqueados.
De la Sota otorgó un alza salarial que puso fin a la protesta de la fuerza de seguridad, después de una noche de violencia; hubo más de 200 heridos, 11 de ellos, graves; el Gobierno no envió a la Gendarmería
Una persona murió en esta ciudad durante una noche de terror en la que más de 1000 comercios fueron asaltados. Once heridos están internados en grave estado y otras 200 personas, por lo menos, fueron atendidas en los hospitales locales por enfrentamientos con armas, palos y piedras entre turbas de delincuentes y vecinos abandonados a su suerte por la huelga policial.
Luego de varias horas en las que la anarquía ganó las calles de la ciudad, la policía volvió a la actividad a partir de la firma de un convenio con el gobierno provincial, que aumentó de 6000 a 8000 pesos la remuneración básica de los efectivos de calle.
Los policías se habían autoacuartelado anteayer en procura de una mejora salarial. Las negociaciones sólo se destrabaron cuando la luz del día puso en evidencia la destrucción de amplias zonas de la capital provincial.
El temor a réplicas en otros puntos del país creció al conocerse que en Glew, en el partido bonaerense de Almirante Brown, un comerciante chino había muerto en su supermercado al resistirse a un saqueo.
Encerrado dentro del local murió golpeado y asfixiado por el humo de un incendio provocado por los saqueadores.
En Córdoba, con la policía negándose a prestar servicio se esperaba el auxilio federal.
Pero el gobierno de Cristina Kirchner esperó hasta último momento para anunciar el envío de la Gendarmería -finalmente no se concretó-, pese a que era pública la gravedad de la situación que se vivía en las calles.
Sin protección por parte del Estado, los vecinos se organizaron en autodefensas armadas para proteger los locales y hogares.
Varias viviendas también fueron saqueadas.
De la Sota había regresado de urgencia anteanoche desde Panamá, donde se encontraba en escala de un viaje oficial a Colombia.
En sus primeras declaraciones públicas, pasadas las 2 de ayer, el mandatario reclamó el envió de la Gendarmería y afirmó que no negociaría con los policías rebeldes.
En ese momento estallaron los peores disturbios en la ciudad, con millonarias pérdidas económicas, cierre de bancos, escuelas y estaciones de servicio y suspensión total del servicio de transporte público.
“En Córdoba no hubo estallido social, operaron bandas de delincuentes organizadas que aprovecharon la protesta social”, dijo De la Sota minutos antes del mediodía y en el momento de dar a conocer el acuerdo con los policías.
De a poco, los uniformados volvieron a las calles y se ocuparon de contener nuevos saqueos, robos organizados que repitieron por la tarde, aunque en menor escala.
Las zonas de la ruta 20, el bulevar De los Granaderos y la avenida Donato Álvarez fueron focos de los mayores incidentes.
Grupos numerosos de personas penetraron en comercios de grandes cadenas y en tiendas minoristas, sin importar el rubro del local.
No hubo robos importantes de alimentos, sino que se buscó como blanco principal a los electrodomésticos.
En muchos casos se intentó incendiar el comercio.
En medio del caos llegó la noticia de una muerte.
Un joven de 20 años que según testigos escapaba en moto tras un saqueo recibió un tiro en el tórax.
Murió en el hospital San Roque, hacia donde fue trasladado desde la barriada de Ciudad Evita.
“Se llevaron todo, desde la mercadería hasta los sanitarios, apliques y aires acondicionados instalados.
Más de cuatro horas estuvieron dentro de nuestra sucursal sobre Donato Álvarez”, explicaron en la empresa Ribeiro, que comercializa artículos de electrónica y del hogar.
Ese local estará inactivo durante tres meses y se reubicará al personal.
En los alrededores, los vecinos combatían frente a frente con los saqueadores.
Mientras el gobierno provincial y las autoridades nacionales discutían sobre las responsabilidades de cada administración en la seguridad pública, los cordobeses se armaron y prepararon barricadas en casi todos los barrios.
Miles de vecinos no durmieron para defender sus pertenencias.
Al regresar al país, y con una situación ya desbordada, De la Sota manifestó que los funcionarios nacionales no atendían el teléfono en sus reclamos para el envío de Gendarmería.
Usó incluso la red social Twitter para dirigir un mensaje a la presidenta Cristina Kirchner, entusiasta usuaria de ese sistema de comunicación.
“Reiteramos pedido.
Urgente envío de gendarmes a Córdoba.
Saqueos en la ciudad justifican urgente respuesta”, escribió el gobernador pasadas a las 4.54.
El jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, contestó públicamente a las 8.30: “Quiero transmitir claramente que de acuerdo con la Constitución existe autonomía de las provincias para el desenvolvimiento de la seguridad pública. Es una cuestión salarial y compete en forma exclusiva y excluyente a la provincia”.
La agonía de la ciudad de Córdoba empezaba a ser relatada entonces en directo por los medios nacionales.
Y cambió el discurso oficial.
“Me parece un papelón lo que está haciendo el gobernador.
Me parece una payasada pedir auxilio vía Twitter a la madrugada.
A las 8 nos llegó un fax de la provincia y la Gendarmería se alistó”, dijo el secretario de Seguridad Interior, Sergio Berni.
También aseguró -en contradicción con lo que había afirmado Capitanich- que 2000 gendarmes estarían disponibles para operar en Córdoba por la noche.
El envío, finalmente, se suspendió cuando se supo del acuerdo entre el gobierno de Córdoba y los policías, merced a la mediación de un obispo y un rabino con las esposas de los uniformados.
En esos momentos, el diálogo entre el gobierno provincial y el nacionales era aún menor, puesto que De la Sota estaba a punto de aceptar la contrapropuesta policial de fijar un básico de 8000 pesos a cambio de dar inmediata seguridad pública.
Otra vez mediante la red social Twitter dio respuesta irónica al Gobierno: “Agradecemos el anuncio de enviar 2000 gendarmes.
Hacían falta anoche.
Hoy el conflicto está resuelto”.
La base permanente del destacamento móvil III de la Gendarmería se encuentra a sólo 40 minutos de la ciudad asolada por saqueadores.
El móvil II tiene base en Rosario, a menos de dos horas por autopista.
El conurbano cuenta con los móviles I y VI, por lo que, incluso con el refuerzo de seguridad asignado en octubre pasado, la vigilancia en Buenos Aires no debería contar al mismo tiempo con los destacamentos móviles de Jesús María y Rosario.
Se contaba con fuerzas a mano.
A la pelea política entre De la Sota y Cristina Kirchner se agregó, en este caso, un puritanismo legal no observado en casos anteriores de movimientos de gendarmes.
El artículo 24 de la ley de seguridad interior especifica que las fuerzas federales -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria- sólo pueden actuar en tareas de control social o de delitos en una provincia con previo pedido por parte del gobernador.
En eso se apoyó la Casa Rosada para desatenderse del pánico de cientos de miles de cordobeses.
Pero ese artículo también determina que las fuerzas federales pueden ser utilizadas en esos casos por orden de la justicia federal.
El juez federal de Córdoba no pidió las tropas que estaba habilitado por ley para solicitar ante la evidencia de una conmoción social.
Con la inacción de una policía que hace pocos meses fue descabezada por un narcoescándalo y en medio de la trifulca política entre la provincia y el kirchnerismo, los cordobeses quedaron encerrados en sus casas o en lucha por sus propiedades.
Cientos perdieron todo.
A continuación transcribimos un artículo publicado en La Nación de Buenos Aires por el destacado periodista Joaquín Morales Solá que abarca el conflicto y mucho más.
Una sociedad abandonada a su suerte.
Un día sin policías.
Una ciudad devastada por el delito y el oportunismo.
Un muerto, aunque podrían haber sido muchos más.
Vastos sectores sociales que no reconocen la hegemonía de la ley.
Ni los límites morales.
Córdoba no es sólo Córdoba; fue la descripción precisa de una sociedad nacional abandonada a su suerte durante más de diez años.
Un país donde el Estado creció para manejar los negocios públicos y privados, pero no para cumplir su rol de garante del orden público, de referente de la educación social y de responsable último de la salud de los argentinos.
El vandalismo que sufrió la capital de Córdoba no es comparable, ni siquiera, con los saqueos de 2001.
Hace doce años, predominaron en los asaltos los robos de comida.
Desde televisores de última generación hasta heladeras, pasando por motos, los asaltos de los últimos ladrones señalan, más que nada, la ausencia del Estado en situaciones de crisis.
Al revés de la gran crisis, también, esta vez hubo robos de casas y de autos particulares.
Eso nunca sucedió en la historia argentina de saqueos.
Los autos robados eran usados luego para seguir delinquiendo.
Es una estrategia del delito, no de la necesidad.
Córdoba es una Argentina pequeña.
Tiene producción rural y un importante parque industrial.
Cuenta con prestigiosas universidades y con una activa vida cultural.
Su sociedad está integrada por una influyente clase media y por una poderosa clase alta, aunque también existen muchos sectores sociales muy pobres.
Los cordobeses les han entregado el gobierno en los últimos treinta años, alternativamente, a peronistas y radicales.
Las terceras fuerzas políticas, que existieron, fueron siempre efímeras. ¿Qué es ese retrato si no el retrato de la propia Argentina?
El problema de la Argentina, y de Cristina Kirchner, es que el país tiene regiones más calientes que Córdoba.
El conurbano bonaerense, por ejemplo.
O las provincias de gran parte del Norte, donde la desigualdad social es mucho más grande y, por lo tanto, la miseria es también más amplia y profunda.
De hecho, el primer efecto contagio, en la mañana de ayer, fue en Glew, en el corazón del conurbano de Buenos Aires.
Un comerciante fue asesinado dentro de su comercio, luego de que se resistiera a un saqueo.
Fue un foco pequeño de un drama latente y más grande.
El delito, la desesperación por un botín oportuno y el rencor social se juntan a veces para provocar brutales estallidos.
En algunos casos interviene también la necesidad, cuya existencia el Gobierno se niega a aceptar.
Pero Cristina Kirchner decidió, en un reflejo casi genético, abandonar a la buena de Dios al gobernador cordobés, José Manuel de la Sota.
A De la Sota lo sorprendió en Panamá el acuartelamiento de su policía; allí estaba haciendo una escala técnica para viajar a Colombia.
En una ciudad colombiana cercana a Cartagena de Indias debía entregar la presidencia de una asociación latinoamericana relacionada con la alimentación. Esa presidencia la tenía Córdoba, no De la Sota.
El gobernador emprendió el regreso a Córdoba no bien llegó a Panamá, urgido por las novedades sobre la rebelión de los uniformados.
Desde Panamá instruyó a sus funcionarios para que pidieran la ayuda de la Gendarmería al gobierno nacional.
Es lo que hicieron, pero en Buenos Aires nadie les atendió el teléfono.
Es raro.
Esas llamadas rechazadas convivieron en las mismas horas en que Jorge Capitanich protagonizaba con Mauricio Macri la mayor escenificación del aparente comienzo de una nueva era política.
Larga reunión de ambos.
Viejos reclamos de Macri destrabados por el gobierno nacional.
Conferencia de prensa conjunta luego del encuentro.
Todos los periodistas podían preguntar a ambos funcionarios.
“Parecía que Cristina se había ido”, zumbó un agudo analista. ¿Por qué Cristina le abrió las puertas a Macri y se las cerró a De la Sota?
Una explicación escuchada en la política subraya la diferencia entre los dos mandatarios opositores.
Macri es un opositor hecho y derecho.
No es peronista y nunca significará un relevo de Cristina en el liderazgo del peronismo.
De la Sota, en cambio, será protagonista o ayudará a la construcción de una alternativa peronista al kirchnerismo.
Ése es su definitivo compromiso político.
Por ahora, se lleva mejor con Daniel Scioli que con Sergio Massa, pero las cosas podrían cambiar con el correr del tiempo.
Sin embargo, los que mejor conocen a Cristina Kirchner no se detienen en esas sutilezas.
La diferencia es otra, dicen.
La Capital está serena ahora, aunque ni Cristina ni Macri pudieron resolver rápidamente, el lunes último, la violenta ocupación de la autopista Illia, durante gran parte de ese día, por habitantes de la villa 31.
Sea como sea, con Macri no había que resolver un perentorio conflicto social. Se trataba sólo de respetar las buenas formas y de poner en marcha algunas decisiones administrativas largamente pedidas por el jefe del gobierno porteño. En Córdoba había una situación descontrolada, una sociedad conmovedoramente asustada y una delincuencia que se convirtió en dueña de la vida y la propiedad.
Uno de los grandes centros urbanos del país fue, durante horas interminables, un territorio liberado, una ciudad abierta para el delito.
Cristina Kirchner reaccionó con los destellos propios del kirchnerismo.
Los problemas serios son siempre ajenos.
Ya le llegará el turno a Macri.
La Presidenta dio órdenes y contraórdenes.
Capitanich perdió la oportunidad de resolver razonablemente el primer conflicto importante que le tocó.
Pero en la noche del martes, Cristina lo instruyó para que le negara asistencia a De la Sota.
El jefe de Gabinete no se resistió.
La primera orden presidencial fue cumplida y explicada por Capitanich en la mañana temprana del miércoles.
Luego voló a Paraguay.
Fue el instante en el que la Presidenta entendió que Córdoba podía tener consecuencias de contagio en el conurbano bonaerense.
Glew era el ejemplo.
Cambió la orden.
Llamó a Sergio Berni y le dio otra indicación: tropas de la Gendarmería debían viajar de manera urgente a Córdoba.
Tarde. El problema ya se había resuelto.
“Necesitábamos las tropas en la noche del martes, no en el mediodía del miércoles”, zumbó De la Sota desde Córdoba.
De la Sota se encontró en Córdoba con una policía sublevada y sin ningún puente de diálogo abierto.
Llamó a la Iglesia.
Lo atendió el obispo auxiliar de Córdoba, Pedro Torres, recientemente designado por el papa Francisco.
El obispo titular se está recuperando de una operación quirúrgica.
Torres convocó en el acto a la Comisión por la Paz, que integra junto con un rabino, un imán y un pastor evangélico.
Ellos ayudaron al gobernador para crear el indispensable clima de un diálogo, aunque no intervinieron en las soluciones prácticas del problema.
El propio Torres remarcó luego el descuido que había sufrido Córdoba por parte del gobierno nacional, aunque también dijo que el gobierno cordobés no resolvió a tiempo el viejo problema de los salarios policiales.
Dialoguista y ecuánime, con algunos retos amables para unos y otros.
Una criatura perfecta del papa Bergoglio.
El violento fuego de Córdoba debería advertir a los que aspiran a suceder a Cristina Kirchner.
Habrá problemas económicos, pero también recibirán a núcleos significativos de argentinos que han perdido cualquier noción de la responsabilidad social. Oscilan entre el delito, el oportunismo y el resentimiento.