Gaza pone al límite el Derecho Internacional: ¿justicia o erosión del orden global?
Las inhumanas imágenes observadas por el mundo traen sufrimiento, desconfianza, rebeldía y ponen en jaque los principios de justicia de Las Naciones Unidas.
Una salida al conflicto internacional impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump es debatir sobre el futuro de la Franja de Gaza. Sin embargo, el debate diplomático choca con una acusación mucho más grave: la de genocidio. Y para la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, el momento actual no admite tibiezas diplomáticas.
Paradoja: “La gente te escucha y lo usará en tu contra”
“Negar el genocidio es parte del propio genocidio” afirma Albanese, subrayando que la omisión y la negación constituyen formas de complicidad cuando el derecho internacional ya ha activado mecanismos de prevención.
En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia reconoció la existencia de un riesgo plausible de daño irreparable para la población palestina en Gaza, en el marco del artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esa determinación no equivale a una sentencia definitiva, pero sí activa una obligación jurídica clara: prevenir.
La discusión, entonces, no es solamente semántica. ¿Qué es el genocidio? Es un crimen dirigido contra un grupo como tal, con la intención específica de destruirlo total o parcialmente. Implica deshumanización sistemática: convertir a una población en un objetivo abstracto, indistinto, despojado de individualidad. Bajo esa definición, Albanese sostiene que Israel estaría destruyendo física y psicológicamente al pueblo palestino mediante bombardeos, asedio, hambre y condiciones de vida incompatibles con la supervivencia digna.
En paralelo, Sudáfrica presentó en 2023 una demanda contra Israel ante la CIJ. Por otro lado, la Corte Penal Internacional emitió en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
¿Qué está realmente en juego?
Si la CIJ fallara finalmente a favor de Israel —es decir, si determinara que no se configura el delito de genocidio— el impacto sería profundo pero ambiguo. Jurídicamente, fortalecería la posición israelí y debilitaría el uso del término genocidio en el debate político. Sin embargo, no extinguiría otras posibles responsabilidades por crímenes de guerra o violaciones al derecho internacional humanitario.
El escenario más delicado sería político: un fallo absolutorio podría erosionar aún más la confianza de amplios sectores del Sur Global en las instituciones internacionales, ya percibidas por algunos como selectivas o influenciadas por correlaciones de poder.
En el caso de la CPI, si la orden de arresto contra Netanyahu no pudiera ejecutarse —ya sea por falta de cooperación de los Estados o por presiones diplomáticas— el mensaje sería aún más estructural: que la justicia penal internacional sigue dependiendo, en última instancia, de la voluntad política de los Estados. Y eso debilitaría el principio de universalidad jurídica que sustenta al tribunal.
El dilema del orden internacional
La cuestión trasciende el conflicto israelí-palestino. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema jurídico internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Si las resoluciones de los tribunales no se cumplen, si las órdenes de arresto no se ejecutan y si las medidas cautelares no se respetan, el derecho internacional corre el riesgo de transformarse en una arquitectura simbólica sin capacidad coercitiva real.
Pero también existe el riesgo inverso: que la instrumentalización política de conceptos jurídicos —como genocidio— banalice su gravedad histórica.
El momento actual no es solo una crisis humanitaria; es una prueba de estrés para el sistema internacional. Si las instituciones fallan, no solo fallan para Gaza. Fallan para cualquier conflicto futuro donde la protección de civiles dependa más del equilibrio de poder que de la vigencia del derecho.
La pregunta, entonces, no es únicamente si habrá condena o absolución. La pregunta es si el orden internacional sobrevivirá con legitimidad después de este proceso.
