Catalunya y la desobediencia civil

Por Iara Bermúdez y Waldemar García

El pasado domingo, 9 de noviembre el pueblo de Catalunya votó a pesar de la prohibición por parte del gobierno de Madrid, a pesar de las amenazas, a pesar de las intimidaciones, a pesar de saber que era solo un acto simbólico.

2.250.000 catalanes acudieron a las urnas, haciendo largas colas para poder ejercer el derecho inalienable de los pueblos de poder decidir por sí mismos su futuro. Más de 40.000 voluntarios hicieron posible que se llevara a cabo esta jornada, una jornada histórica, que transcurrió en paz y tranquilidad salvo por algún hecho aislado provocado por algún grupo de ultraderecha. Por lo demás fue un día de muchas emociones, de lágrimas, de alegría, una fiesta del civismo.

Catalunya hace ya algunos años que reivindica su derecho a decidir por sí misma su forma de gobierno y su estatus como estado independiente o asociado a España. Para ello ha intentado por todos los medios convocar un referéndum en el que la gente pueda votar si quiere ser un estado soberano o no y en caso que sea sí, si quieren ser independientes o seguir asociados a España. El gobierno de España sistemáticamente se ha negado a autorizar este acto y cuando en setiembre el parlamento catalán aprobó una ley que le permitía realizar una consulta dentro del marco legal, el gobierno de Madrid denunció ante el Tribunal Constitucional dicha consulta, y en menos de 1 hora de deliberación decidió tomar la denuncia en consideración suspendiendo cautelarmente la consulta. Es de destacar que el Tribunal Constitucional normalmente tarda varios días y hasta meses en admitir las denuncias que recibe. Ante esta negativa del gobierno del PP apoyados por grupos como el PSOE, UPyD y Ciudadanos, las fuerzas sociales catalanas y los partidos políticos que defienden la soberanía de Catalunya decidieron seguir adelante con la consulta, poner las urnas a disposición de aquellos ciudadanos que quisieran ejercer su derecho al voto aunque sea de forma simbólica. Para ello se convocó a la población para reclutar voluntarios que participaran en la organización del evento, para lo que se apuntaron en menos de una semana más de 40.000 personas, quedando fuera varios miles más que querían presentarse. Este acto también fue prohibido por el gobierno de Madrid y denunciado ante la Fiscalía General del Estado que declaró que este era un acto ilegal. Se amenazó con sacar a la policía, con investigar a los voluntarios, con cerrar los locales habilitados (alguno sí que se clausuró o los responsables se negaron a facilitar la instalación de las urnas), con ejercer acciones legales contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, esto último está en marcha y ya se verán las consecuencias. Nada de todo esto pudo amedrentar, ni al gobierno, no a los partidos que lo apoyan en esta cruzada soberanista, ni a los más de 40.000 voluntarios, ni a los más 2.250.000 catalanes que fueron a votar, muchos de ellos venidos de otras partes del mundo para poder decirle al gobierno de Madrid que Catalunya quiere decidir por sí misma que quiere ser y con quien quiere estar.

Después de este acto enorme de participación ciudadana y de desobediencia civil, el escenario político debería cambiar en España. Sin embargo es difícil que el gobierno de Rajoy se mueva un ápice de su posición porque esta situación le favorece. Su partido está metido hasta las cejas en temas de corrupción, cada día aparece un caso nuevo y ya hay casi trescientos miembros del partido imputados y algunas decenas presos. Es indudable que el gobierno necesita un frente abierto que desvíe la atención de sus partidarios y del resto de la población española. El PSOE, tampoco se libra de las tramas de corrupción y también tiene muchísimos miembros imputados y algunos presos. En un país donde diariamente se desahucian a decenas de familias que se quedan en la calle, mientras los bancos presumen de estar saneados y ser fuertes, luego de que se les inyectaran miles de millones de euros entre 2012 y 2013, millones de euros que pagan entre todos los españoles, con el aumento de las comisiones que cobran, con los recortes en los servicios básicos, como sanidad y educación; en un país donde hay más de 5.000.000 de desocupados, en que muchas familias no tienen a ningún miembro trabajando ni recibiendo indemnización por desempleo porque ya se les ha acabado; en un país donde el porcentaje de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza se ha multiplicado, donde muchísimas familias comen gracias a la caridad de algunas ONG; en este país ha surgido un nuevo partido, un partido con un discurso diferente, un discurso próximo al sentir de la gente, con unos miembros que están limpios porque nunca antes han participado en política, que tienen argumentos, que aunque puedan ser un poco utópicos en algunos momentos, son creíbles y no se apartan de la realidad del día a día del pueblo. En las últimas encuestas este partido, Podemos, se ha convertido en la primera fuerza política en intención de votos en España y el PP que actualmente tiene la mayoría absoluta en el parlamento pasaría a ser la tercera fuerza política en intención de votos. Por lo tanto, mantener la pugna con Catalunya, judicializar un litigio, que es totalmente político, y mantenerlo en los titulares de los diarios es fundamental para este gobierno. Un gobierno que está dando la espalda al derecho democrático que tienen los pueblos para su libre determinación.

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A pesar de todo el proceso para “el derecho a decidir” del pueblo catalán sigue adelante y es un proceso imparable, cuando en menos de 2 meses se ha conseguido movilizar dos veces a más de 2.000.000 de personas, cuando una de esas movilizaciones fue un acto de desobediencia civil, quiere decir que el pueblo está dispuesto a seguir hasta el final y no habrá quien lo pare. Si no se consigue por medio de un referéndum como lo hicieron Quebec y Escocia, donde tanto los gobiernos de Canadá y del Reino Unido autorizaron, algo que es esencial de las democracias, el derecho a votar y decidir del pueblo; entonces puede que se convoquen unas elecciones al parlamento catalán anticipadas, que se pueden convertir en unas elecciones plebiscitarias, en las que los partidos soberanistas unirían sus votos para demostrar cuál es el grado de apoyo que tienen.

Como un dato queda, que en la presente consulta los partidarios de que Catalunya sea un país independiente, fue de más del 80%. Es un dato anecdótico ya que la mayoría de los partidarios del “no” se quedaron en casa y no participaron, pero tenemos que tener en cuenta que participó más del 35% de los autorizados a votar y que normalmente en los referéndums la participación ronda el 50%, con lo cual si se extrapolan los datos, los partidarios de la independencia obtendrían la mayoría en un referéndum. Una mayoría que va creciendo día a día por el descontento de la gente con la actitud de los partidos de Madrid, que con su posición de fuerza y autoritarismo han conseguido, en los últimos meses, muchos más adeptos para la causa independentista, que los propios partidos independentistas catalanes.