Para finalizar 2014, descubren nuevos casos de desaparecidos

Por Iara Bermúdez y Waldemar García

La directora general de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia de la República, Graciela Jorge, hizo público los nombres de 10 personas desaparecidas durante el período dictatorial.
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Graciela Jorge explicó que entre los 10 nuevos nombres de desparecidos se encuentran casos pendientes, algunos de los cuales son denuncias recientes de desapariciones forzadas, mientras que otros son casos antiguos que habían quedado pendientes de la Comisión para la Paz. Los nombres de las personas que se suman a la lista de desaparecidos son: Francisco Rando Ferreira, Roberto Castro Pintos, Urano Miranda, Júpiter Delpino, Carlos Guaz Porley, Miguel Ángel Lema Aguiar, así como tres casos de secuestro y desaparición o secuestro en Uruguay de María Rosa Aguirre, paraguaya; Rafaela Filipazzi, italiana y José Potenza, argentino.

Graciela Jorge, comunicó a los medios esta información en el marco de la presentación del balance del año 2014 de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia.
La confirmación de estos nombres fue posible gracias al estudio y trabajo con archivos de Uruguay y la región. También dijo que esta unidad recibió también entre los años 2011 y 2014, denuncias sobre 32 casos de personas presuntamente desaparecidas que por diferentes motivos no fueron presentadas por las familias en instancias anteriores.
Además, entre 2011 y 2014 se identificaron 20 personas desaparecidas, 11 con recuperación de restos y nueve por pericia dactiloscópica.

Graciela Jorge explicó también que durante el mismo período 2011-2014 la Secretaría de Derechos Humanos recibió 72 denuncias de personas adoptadas que buscan sus orígenes. Estas personas se presentaron espontáneamente en algunos casos o son derivadas desde otras instituciones del Estado u organismos de la sociedad civil.
Expresó asimismo que los listados de las víctimas no están cerrados, por lo tanto queda por delante un horizonte de trabajo que permitirá determinar cuántos son en total los desaparecidos, cuántos orígenes aún están ocultos para muchos jóvenes y cuántos son los asesinados políticos.

En cuanto al trabajo realizado explicó que es claro que se logró avanzar y que en los dos últimos períodos de gobierno hubo voluntad política y los medios para avanzar en la búsqueda de la verdad. Jorge dijo que durante el tiempo de trabajo de esta Secretaría existió una voluntad política y medios para poder investigar. Recordó que allí trabajan archivólogos, cuentan con un área de investigación histórica y un área de investigación antropológica. Las excavaciones continúan y se investiga diariamente en nuestro país y se consultan los archivos de la región. Agregó que continuamente se trabaja en coordinación con diversos organismos del Estado, quienes siempre colaboraron en las investigaciones. Pero –concluyó- también resta mucho trabajo por hacer.
Álvaro Rico, que es el coordinador del equipo de historiadores de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que se realizó una investigación histórica sobre los asesinados y muertos durante la dictadura cívico-militar durante el período 1973 – 1985. Informó que son 123 los asesinados políticos, de los cuales 64 fueron asesinados en prisión, 24 en el marco de operativos represivos, 18 en enfrentamientos con resistencia a la detención y 14 sin identificar.
Agregó que con los nuevos casos sumados en este año, la lista de desapariciones forzosas en el marco del terrorismo de Estado ha alcanzando la cifra de 192 casos.
Rico dijo que durante el mes de febrero se completaría toda la documentación y las fichas de las 192 personas desaparecidas. Dijo que también estarían lista la documentación referida a los muertos por el terrorismo de Estado en el período pre-dictatorial, 1968-1973.

A pesar de las declaraciones de Graciela Jorge respecto a las actuaciones realizadas en las últimas dos legislaturas, algunas organizaciones de DD.HH. y de la sociedad civil siguen reclamando y denunciando la falta de voluntad política, por parte del Ejecutivo, para resolver muchos de los casos que aún están pendientes a casi 30 años de restablecida la democracia. En estos días se ha producido una fuerte polémica, con cruce de acusaciones, entre miembros del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y el Ministro de Defensa Fernández Huidobro que ha acaparado los titulares de los medios de comunicación. Al cierre de esta edición, el Ministro fue convocado para el lunes 29 por el presidente electo Tabaré Vázquez, quién lo ha confirmado en el cargo para la próxima legislatura, y por la Ejecutiva del Frente Amplio, para que explique sus acusaciones a la ONG que ha sido una de las más activas en defensa de los Derechos Humanos en nuestro país, tanto durante la dictadura como en democracia.

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